Los impactos ambientales que generan las bolsas plásticas, desde su fabricación hasta su eliminación inadecuada, suponen una amenaza para los ecosistemas a nivel mundial. En el mundo se usan 500.000 milllones de bolsas plásticas por año, una de las causas fundamentales por las que 8 millones de toneladas de plásticos terminan en los océanos.
En Uruguay usamos un promedio de 360 bolsas por persona al año, cuyo destino equivocado termina en una afectación al ambiente, un riesgo para la vida de nuestras especies marinas y un costo para la gestión municipal.
En 2017 el Mvotma presentó, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el proyecto de Ley para el “Uso Sustentable de Bolsas Plásticas”, que desestimula su uso y busca intervenir y dar respuesta a un problema ambiental cada vez más sentido en nuestras sociedades modernas.
Luego de su aprobación en Cámara de Representantes, el Senado aprobó por unanimidad la ley el pasado 8 de agosto de 2018, que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su reglamentación.
El objetivo es desestimular el uso de las bolsas de nylon que suponen una afectación importante al ambiente en particular a los océanos y la fauna que lo habita.
A partir de la reglamentación de la ley, las bolsas serán de cobro obligatorio y será prohibida la importación y producción de bolsas que no sean biodegradables, estimulando el uso de materiales más amigables con el cuidado del ambiente. Entre otros aspectos, la reglamentación fijará el tamaño y la resistencia que deberán tener las bolsas, con lo que se asegurará que puedan ser reusadas.
Ya existen experiencias a nivel internacional que van por este mismo camino que propone un cobro diferenciado en la entrega de bolsas, acompañado de una política de comunicación y concientización respecto del uso de los elementos plásticos y su afectación al ambiente.
La Comisión de Medio Ambiente de Diputados aprobó el proyecto definitivo, que prevé el pago de un impuesto por cada bolsa comprada. “Si todos pagan y llevan la bolsa es que fracasamos”, dijo a Montevideo Portal el diputado Edgardo Rodríguez.
En diciembre de 2017, la Cámara de Senadores aprobó la ley de control de uso de bolsas de nylon, resultado de dos anteproyectos: uno del senador Pedro Bordaberry y otro del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.
“Declárase de interés general la prevención y reducción del impacto ambiental derivado de la utilización de bolsas plásticas, mediante acciones para desestimular su uso, promover su reuso, reciclado y otras formas de valorización”, indica el primer artículo de la ley, que fue redactada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Con este proyecto, las bolsas de nylon entregadas por los comercios dejarán de ser gratuitas, para prevenir el impacto ambiental que generan los millones de bolsas al año que se usan en el país.
Además, se prohíbe “la fabricación, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables”. Una vez que se apruebe la ley, todas las bolsas deberán poder integrarse orgánicamente a la tierra.
Sin embargo, pese a su aprobación, la ley no rige aún en el país, ya que debe volver a Diputados para la redacción del texto definitivo. “Las prohibiciones y obligaciones previstas se harán exigibles transcurrido un año de la promulgación de la presente ley (o sea, en diciembre del 2018) o en el plazo que fije la reglamentación de la ley”, indicó el proyecto.
Este miércoles, sin embargo, se dio un nuevo paso para la aprobación definitiva del proyecto. Tras la realización de algunas modificaciones, la Comisión de Medio Ambiente dio su aprobación a la ley, lo que significa que tendrá medio sanción en Diputados cuando se vote la semana que viene, y sanción definitiva cuando pase por el Senado.
¿Cuál es el cambio principal que se hizo al proyecto aprobado en 2017? El diputado del Frente Amplio Edgardo Rodríguez, que preside la comisión, dijo a Montevideo Portal que la modificación más importante es el cobro de un impuesto (Imesi) a las bolsas que se compren.
En el proyecto original se facultaba al Poder Ejecutivo a realizar un cobro, pero en esta versión definitiva se asegura y establece cuál es. Este impuesto costará como máximo dos unidades indexadas por bolsa (poco más de siete pesos) que abonará el consumidor. Es decir, los comercios serán agentes de retención de este impuesto y luego lo volcarán a la DGI.
Quedan exceptuadas del impuesto las bolsas de menos de diez micrones, “las llamadas bolsa rollo, que se ven en las ferias”, explicó Rodríguez. “De momento no está gravada ni prohibida, se va a seguir usando porque no hay una forma práctica para sustituirla, pero nos quedamos pensando en que hay que modificar esa situación porque se importan muchas bolsas de ese tipo, alrededor de 70 millones por mes”, dijo el diputado.
Rodríguez agregó que la industria estuvo de acuerdo con este impuesto ya que actualmente el 80 % de las bolsas se importan, y esta nueva reglamentación le dará la oportunidad al comercio de reinventarse localmente y comenzar a producir bolsas sostenibles, compatibles con el cuidado del medio ambiente.
“Recordemos que la idea no es que la gente pague contenta diez pesos por cada bolsa sino que las deje de usar, que lleve la chismosa. Si todos pagan es que fracasamos y hay que cambiar la ley”, recordó. Rodríguez reconoció que -más allá de la chismosa- la gente seguirá necesitando algunas bolsas para tirar la basura, pero señaló que serán menos y que todas serán compostables y biodegradables. Además, también quedarán prohibidas las bolsas oxibiodegradables, que se usan hoy en algunos supermercados, que son más finas y suelen romperse en pedacitos, ya que esos restos pueden ser también perjudiciales para el medio ambiente y la fauna.
El diputado aseguró que aún hay plásticos exceptuados en esta ley, como las bolsas chicas que se entregan cuando uno compra queso o carne picada, los envases de nylon de la comida o el film transparente, entre otros.
“Tenemos claro que esta ley todavía no resuelve todo el tema de los plásticos, ni cerca. Estamos esperando que ingrese al Parlamento la ley de residuos para profundizar el tema. Hay que complementar con otros tipos de residuos y bolsas, por ejemplo las que se usan para envasar a granel”, señaló el legislador, que recordó que “la idea es ayudar a la industria a reciclarse”.
Tras la aprobación en la comisión, es seguro que el proyecto será sancionado en Diputados, dijo Rodríguez. La votación se resolvió por unanimidad en comisión excepto en un punto, ya que el diputado Eduardo Rubio planteó que el dinero recaudado por el impuesto se destinara a programas ambientales de formación educativa “El proyecto actual faculta al Poder Ejecutivo para hacerlo pero no lo da como seguro, aunque probablemente termine siendo así”, dijo Rodríguez.
Fuente: Montevideo Portal