Gestión de residuos nacional
Unificación de la gestión de residuos a escala nacional
La Dinama y los gobiernos locales buscan aprobar un proyecto de ley que establezca una estrategia común para responder al aumento sostenido de la basura; hoy existen barreras técnicas, económicas y normativas para hacerlo.
El problema de qué hacer con los residuos no solo persiste, sino que se agrava, porque los kilos de basura que produce cada ciudadano han crecido de forma sostenida en los últimos años.
Para el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, la articulación entre los organismos es buena, pero existen todavía “barreras técnicas y económicas” que dificultan la gestión. “No es un problema de coordinación o celos institucionales; el problemas es que Uruguay tiene una barrera de capacidad técnica y de reglamentación fuerte, no está claro cuáles son las competencias de cada institución respecto a los residuos”, explicó a Búsqueda.
Según el director, la unificación de la gestión de la basura a escala nacional o regional, una modalidad prevista en el proyecto de Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos, a estudio en el Parlamento, ayudaría a que el manejo sea más eficiente. Mientras tanto, problemas en el marco jurídico actual y la falta de formación en el tema entre el personal del gobierno nacional y de las intendencias dificultan los avances, opinó.
Gestión nacional
En 2011, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) lanzaron un Plan Estratégico de Residuos Sólidos, que fue posteriormente reformulado en el proyecto de ley para la gestión nacional de residuos.
Según Nario, una de las razones que llevaron a modificar el plan, y proponer una nueva ley, es que faltaban herramientas jurídicas para llevarlo adelante. Era necesario contar primero con una reglamentación común.
El proyecto de ley generó posiciones encontradas en las intendencias. Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de Canelones, dijo a Búsqueda que el proyecto les parece “totalmente necesario y fundamental para un país de la escala de Uruguay”. Según el jerarca, es cierto que los gobiernos departamentales tienen autonomía, pero se debe avanzar en lo nacional con definiciones y herramientas que permitan lograr resultados concretos.
Uruguay es uno de los países de América Latina que más basura produce, con un estimado de 1 kilo diario per cápita, según un informe publicado este año por el Banco Mundial y elaborado en 2016.
“La Ley Nacional de Residuos viene lenta, sabemos que no es fácil aprobarla. Pero esperamos que luego de que se haga podamos dar un salto que nos permita tener avances como el que logramos en Canelones pero a escala nacional”, comentó.
Desde Maldonado, en cambio, la óptica es otra. Consultado por Búsqueda, el director general de Higiene y Medio Ambiente de la intendencia, Jorge Píriz, opinó que la ley “no contempla la realidad económica de algunos departamentos”. Para el especialista, debe darse una discusión, porque la situación de Maldonado, donde hay picos de recolección de residuos durante la temporada de verano, no es igual que la de otras ciudades. “Durante el invierno tenemos maquinaria y equipos ociosos. Además, unificar la gestión con centros regionales, como se pretende, provoca un tema de costos que no queda claro a quién corresponde”, cuestionó.
Puntigliano, por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de una unificación liderada por la Dinama, porque eso permitiría tener una política integral. “Por lo menos el sur de Uruguay tendría que tener esa visión común. No significa que tengamos regiones sanitarias comunes o valorizaciones energéticas comunes, sino tener una política consistente, que no sea contradictoria entre al menos San José, Canelones, Florida, Montevideo, Lavalleja y Maldonado”, opinó.
La propuesta legislativa establece la necesidad de crear un plan que permita incorporar criterios generales y únicos sobre la gestión de residuos e incluso prevé un fondo para estimular emprendimientos nacionales que aprovechen los desechos. Desde la Cámara de Industrias (CIU) dijeron que la iniciativa es vista como una “oportunidad para formalizar ciertas actividades y potenciar soluciones ambientales que el país necesita, así como contar con reglas claras y unificadas a escala nacional”.
Nuevas tecnologías
Uruguay es uno de los países de América Latina que más basura produce, con un estimado de 1 kilo diario per cápita, según un informe publicado este año por el Banco Mundial y elaborado en 2016. La cifra se sitúa por encima de la tasa promedio del continente (0,87 kilos al día), que a su vez supera la mundial (0,74 kilos diarios).
En Uruguay todavía es la disposición final de residuos la solución más extendida, frente a otras alternativas más modernas que incorporan nuevas tecnologías o tratamientos para, por ejemplo, obtener energía de los desechos o capturar biogás. En esa línea, la idea de la Dinama es agrupar los sitios de disposición final para hacer más eficiente la gestión, aunque entiende que si cada intendencia quiere buscar una solución propia, está dentro de su competencia.
En 2012, la Dinama encargó una investigación para explorar la posibilidad de instalar plantas de generación eléctrica a partir de basura —Waste to Energy— en el área metropolitana. El diagnóstico realizado por un experto norteamericano en recuperación de energía a partir de residuos de la Universidad de Columbia, reveló que el 88% de los sitios de disposición final de residuos en el interior del país funcionan en condiciones inadecuadas.
Puntigliano aseguró que en Montevideo no se descarta tomar medidas alternativas, como el procesamiento de residuos para obtener energía, aunque no será inmediato. “Creemos que antes de llegar a un procesamiento distinto de los residuos tenemos que maximizar la clasificación y la reutilización, y hacia ahí va nuestra política”. Si bien la recuperación de residuos reciclables tuvo un aumento en Montevideo, la cifra hoy no alcanza el 5% de todos los generados (Búsqueda Nº 1.991).
En Montevideo ya son conocidos los problemas de saturación que tiene el vertedero de Felipe Cardozo, donde la infraestructura está a punto de colapsar. Sin embargo, tanto en Canelones como en Maldonado, por ejemplo, los directores aseguran tener todo bajo control.
Según Píriz, el relleno sanitario inaugurado en 1996, donde se halla una planta de biogás, funciona correctamente, aunque tienen pensado mejorar toda la infraestructura. “Hoy no tenemos problema con el relleno sanitario porque venimos en un proceso que da buen resultado. Todo está bien encaminado y solucionado. Pero en un próximo período de gobierno sí estamos planificando incluir más maquinaria para reciclado e incluso crear una nueva planta, porque hoy no tenemos ninguna”, explicó el director.
En Uruguay todavía es la disposición final de residuos la solución más extendida, frente a otras alternativas más modernas que incorporan nuevas tecnologías o tratamientos para, por ejemplo, obtener energía de los desechos o capturar biogás.
Herou, por su parte, opinó que su administración va a “terminar siendo clave para encaminar la limpieza y la gestión de los residuos en Canelones”. El problema del sitio de disposición final de ese departamento, explicó, es que no fue concebido como un relleno sanitario, por tanto tiene un déficit en su obra de ingeniería que dificulta los procesos. “Lo estamos controlando con mucha gestión, pero nuestro objetivo es cerrarlo y solucionar ese aspecto con una nueva planta que incorpore todo el conocimiento y la tecnología que se requiere”, anunció. La licitación pública internacional ya está en marcha y se espera que la planta para almacenar los residuos funcione antes de 2020.
Por otro lado, desde la CIU actualmente trabajan en el desarrollo de una plataforma industrial que aportaría a la “economía circular” del país. Consistirá en un “mercado virtual de subproductos y residuos”, de forma de producir un impacto positivo tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Se prevé que comience a funcionar a partir de marzo.
Entre proyectos de clasificación, alternativas sustentables y planes diversos, las autoridades esperan aprovechar estos dos últimos años para cumplir las metas pendientes, pero reconocen que aún muchos aspectos no están claros. La apuesta, afirman, es a medidas de largo plazo y no a políticas de emergencia.
Fuente: BUSQUEDA Nº2000 - 20 de Diciembre de 2018 escribe Lucía Cuberos
